Con el apoyo de un número importante de la centroizquierda, pero en contrapartida con el duro escollo de la oposición, el Gobierno se aseguró la posibilidad de llevar el proyecto a la Cámara baja.Tanto le cuesta a la dirigencia política argentina convivir en un ámbito de debates y consensos para arribar a normas que nos van a regir durante años.

Casi siempre, se termina en el planteamiento de dos sectores irreconciliables, de dos veredas, de dos verdades, de dos posiciones cuya resolución solamente es posible con la eliminación de una de ellas.

Ello es más cercano a una dictadura que a una democracia.

No es atributo exclusivo del kircherismo, aunque éste lo ha llevado a la práctica sistemáticamente.

Baste, recordar las "dos veredas" de Alfonsín, o la frase del inefable Menem: "vamos en un avión sin paracaídas", el que salte se mata.

Argentina aún sigue en un modelo dual. Aún es incapaz de construir, a través del debate y consensos, esa, aunque vieja, idea de Modelo Nacional, que planteara Juan Perón al reunirse con todos los dirigentes políticos, allá por 1973.

Sobran argumentos para sancionar una nueva ley de radiodifusión. El más esgrimido es que la actual es una ley de la dictadura, por cierto. Pero por ello, es que no debemos sacar una ley con la clausura del debate y con grandes desacuerdos.

Nadie se muere, la democracia menos, si en aras de llegar a una buena ley, se discute más tiempo.

Esta es una ley madre del la vida democrática. La que debe asegurar el acceso a la información veraz, la que debe asegurar la de publicar las ideas sin censura previa -ni privada ni estatal-, la que debe asegurar la difusión de la pluralidad -de ideas, de clases sociales, de realidades, de zonas geográficas, por nombrar algunas-, la que asegure el desarrollo de la cultura nacional, la que sepa adaptarse al cambio tecnológico.

Pero también, y fundamentalmente, la que tenga un corsertte que impida su avasallamiento por parte de grandes grupos económicos y de gobiernos desaprensivos.

Debe estar más allá de ello. Debe estar al servicio del pueblo. A su educación, a su información, a su formación cívica, a ser un canal de sus expresiones y opiniones, que siempre deben estar por encima de la opinión y expresión de los grupos económicos y del gobierno circunstancial.

Por ello, no es una ley para los medios de comunicación, por ello no es una ley para el gobierno. Es una ley para que "los ciudadanos gobiernen" a los medios de comunicación y al gobierno.

El pueblo vive de consensos cotidianos. Sus dirigentes tendrían que aprender de ello.